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«El cambio climático puede afectar directamente a la inflación. Esto puede ocurrir cuando las inundaciones o sequías más frecuentes destruyen las cosechas y aumentan los precios de los alimentos, por ejemplo», señaló Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y presidente del grupo de banqueros centrales sobre el clima, en un artículo sobre el cambio climático global publicado por el Wall Street Journal.
La búsqueda de soluciones al cambio climático influye cada vez más en más sectores empresariales y sociales del planeta. Los bancos centrales de la mayoría de las economías del mundo son cada vez más conscientes de los problemas que conlleva y están planeando nuevas directrices y normativas.
Por ejemplo, el mes que viene se celebrará una conferencia para debatir el impacto del cambio climático en el sector bancario. Los bancos centrales están estudiando la forma de conseguir la sostenibilidad medioambiental manteniendo los precios estables. La mayoría de los bancos centrales de Europa ya han iniciado el proceso de cambio. Este tipo de regulación podría afectar a los bancos estadounidenses que operan en el extranjero.
El Banco de Francia está calculando los costes del cambio climático. Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo -desde el inicio de su mandato- pretende situar el cambio climático y la protección del medio ambiente en el centro de la autoridad monetaria de la institución. El Banco de Inglaterra ha empezado a actuar en la misma línea. Este año, el jefe del Tesoro en el Reino Unido, Rishi Sunak, ha cambiado el cometido del comité de fijación de los tipos de interés con el objetivo de incluir un fuerte crecimiento sostenible que abarque también la sostenibilidad medioambiental.
Una de las medidas que están estudiando los bancos centrales es el aumento de las cargas de capital para los préstamos a las empresas de combustibles fósiles y la reducción de las cargas para los préstamos a las empresas de energía solar o eólica.
El debate sobre la política monetaria verde en el siglo XXI, y el intento de los bancos centrales de normalizarla, plantea la cuestión de la legitimidad de las empresas en cuanto a si operan en términos ambientalmente sostenibles o no. Esta medida podría provocar confrontación no sólo económica, sino también política y social.
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